Redacción: Equipo Editorial de Human Rights TV
La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre el agravamiento de las presiones económicas y sociales en Libia, así como sobre la propagación de discursos de odio e incitación contra refugiados, migrantes y trabajadores humanitarios, en un contexto marcado por avances en el proceso político impulsado por su misión de apoyo en el país.
Las advertencias fueron formuladas durante una exposición ante el Consejo de Seguridad, celebrada el 14 de octubre de 2026, por Hanna Serwaa Tetteh, representante especial del secretario general de la ONU para Libia.
La funcionaria abordó los progresos en las negociaciones políticas, el deterioro del poder adquisitivo, el contrabando de combustibles, las protestas laborales y las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Avances políticos frente a la persistencia de las divisiones institucionales
Tetteh informó que el proceso político facilitado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) registró acontecimientos alentadores.
Tras cuatro meses de deliberaciones, las partes participantes en un mecanismo de consultas más reducido firmaron un acuerdo en Trípoli el 30 de agosto, lo que, según la representante especial, marcó una ruptura con el prolongado bloqueo político e institucional.
Sin embargo, el acuerdo no supone por sí mismo la superación de todas las diferencias ni garantiza que estén dadas las condiciones necesarias para celebrar elecciones.
La misión de Naciones Unidas prevé continuar trabajando con diversos sectores libios en cuestiones prioritarias para facilitar los comicios y avanzar hacia la unificación de las instituciones.
Este trabajo tendrá en cuenta las recomendaciones del Comité Asesor, el Diálogo Estructurado y las consultas mantenidas con distintos actores nacionales.
Tetteh también subrayó que el respaldo internacional y regional sigue siendo una condición esencial para alcanzar nuevos avances.
La inflación y los alimentos reducen el poder adquisitivo
En el ámbito económico, la representante de la ONU describió una situación preocupante, caracterizada por el contraste entre los ingresos potenciales derivados del petróleo y las dificultades que enfrenta una parte importante de la población.
Según explicó, el aumento de los precios internacionales del crudo debería haber generado recursos públicos adicionales capaces de beneficiar a la mayoría de los libios.
Sin embargo, numerosos hogares experimentan una pérdida de poder adquisitivo debido al encarecimiento de los alimentos, la depreciación del dinar y una inflación que supera el 14 por ciento.
Los precios de los alimentos registraron un incremento adicional del 3,8 por ciento durante agosto, con efectos especialmente intensos en las regiones occidental y meridional, donde los costos aumentaron considerablemente durante el verano.
Estas dificultades no se limitan a los indicadores macroeconómicos, sino que afectan directamente la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas, especialmente cuando el acceso a los servicios públicos esenciales continúa siendo irregular.
Contrabando de combustible y pérdidas estimadas en miles de millones
La exposición también abordó las consecuencias económicas del desvío ilegal de combustibles subsidiados.
El fuerte aumento de los precios internacionales desde mediados de 2026, especialmente del diésel, incrementó los incentivos para trasladar combustible subvencionado hacia mercados externos mediante actividades de contrabando.
Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones libias de combustible alcanzaron aproximadamente 8,15 millones de toneladas métricas, con un costo total de 8.900 millones de dólares.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por Tetteh, entre el 30 y el 50 por ciento de esas importaciones podría perderse a causa del contrabando, lo que representaría un valor de entre 2.400 y 4.400 millones de dólares.
Se trata de estimaciones expuestas por la representante de Naciones Unidas y no de conclusiones verificadas de manera independiente por Human Rights TV.
No obstante, las cifras permiten dimensionar los desafíos relacionados con la administración de los recursos públicos, la supervisión de los subsidios y la transparencia financiera.
Huelgas y retraso escolar para 1,6 millones de estudiantes
Tetteh vinculó el aumento del costo de vida y las persistentes diferencias salariales en el sector público con el crecimiento del descontento social.
Durante septiembre, médicos, trabajadores sanitarios y docentes organizaron huelgas y manifestaciones en Trípoli y otras localidades para reclamar aumentos salariales pendientes, mejores condiciones laborales y el pago de asignaciones.
El 27 de septiembre, los docentes iniciaron una huelga nacional que retrasó el comienzo del ciclo lectivo para aproximadamente 1,6 millones de alumnos de escuelas públicas libias.
La situación evidencia cómo las dificultades económicas y administrativas prolongadas pueden repercutir en el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, particularmente el acceso a la educación y a los servicios de salud.
Las consecuencias de los conflictos laborales no se limitan a los trabajadores involucrados, sino que también alcanzan a las comunidades que dependen de las prestaciones públicas.
Preocupación por la incitación contra refugiados y migrantes
Uno de los aspectos más relevantes de la exposición estuvo relacionado con la propagación de información falsa, campañas de desinformación, discursos de odio e incitación contra refugiados y migrantes, incluidas las personas en situación migratoria irregular.
La representante especial advirtió que estas campañas también afectan a organizaciones humanitarias, agencias de Naciones Unidas y su personal en Libia, incluidos trabajadores de nacionalidad libia.
Tetteh sostuvo que las preocupaciones legítimas de la población respecto de la migración deben abordarse mediante políticas responsables, diálogo e información verificada, y no a través del odio, la intimidación o la violencia.
La advertencia adquiere especial importancia desde la perspectiva de los derechos humanos, dado que la difusión de mensajes hostiles puede incrementar los riesgos de discriminación, agresiones y otras vulneraciones contra poblaciones expuestas.
Asimismo, las campañas de hostigamiento pueden dificultar el trabajo de quienes prestan asistencia humanitaria.
Soberanía fronteriza y obligaciones internacionales
La representante de Naciones Unidas reconoció que Libia posee autoridad soberana para administrar sus fronteras y regular los asuntos migratorios.
Sin embargo, enfatizó que esas facultades deben ejercerse de conformidad con las obligaciones internacionales del país.
Entre las garantías mencionadas figuran la protección contra la detención arbitraria, la tortura, otros malos tratos y la devolución forzada de personas a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves, de acuerdo con las normas internacionales aplicables.
El principio de no devolución constituye una protección fundamental del derecho internacional y establece límites jurídicos a determinadas expulsiones, retornos y traslados.
Aunque refugiados y migrantes pueden encontrarse bajo regímenes jurídicos diferentes, todas las personas conservan sus derechos humanos fundamentales, independientemente de su situación administrativa.
En consecuencia, el control de fronteras y la gestión migratoria no son incompatibles por definición con la protección de los derechos humanos, siempre que se desarrollen dentro de las garantías legales correspondientes.
Un desafío político, económico y humanitario
La exposición ante el Consejo de Seguridad puso de manifiesto la relación entre dos grandes desafíos que enfrenta Libia.
El primero es de carácter político e institucional y está vinculado con la superación de las divisiones, la unificación de las instituciones y la preparación de elecciones.
El segundo comprende la estabilidad económica, el acceso a servicios esenciales y la protección de los derechos de la población, incluidos los refugiados, los migrantes y otros grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
Aunque los avances en las negociaciones políticas representan una señal alentadora, su consolidación dependerá también de la capacidad institucional para producir mejoras concretas en la vida cotidiana.
La gestión transparente de los recursos públicos, la continuidad de los servicios básicos y la prevención de la discriminación serán factores importantes para afrontar los problemas interrelacionados del país.
El período siguiente permitirá evaluar si los acuerdos políticos pueden traducirse en resultados sostenibles, al mismo tiempo que se garantiza que las tensiones económicas y las preocupaciones migratorias no se conviertan en justificaciones para el odio, la intimidación o la violencia.
Fuentes y Referencias
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Naciones Unidas, exposición ante el Consejo de Seguridad de Hanna Serwaa Tetteh, representante especial del secretario general para Libia y jefa de la UNSMIL, 14 de octubre de 2026.
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Canal oficial de Naciones Unidas en YouTube, «Libya: Political Progress, Rising Living Costs & Migrant Rights – Briefing», 14 de octubre de 2026.
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Derecho internacional de los derechos humanos y normas internacionales aplicables a la detención arbitraria, la tortura y el principio de no devolución, utilizados como marco jurídico general del análisis.
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